El Control Normativo Preventivo (proyectos de leyes y reformas constitucionales)

Publicado en por MITZILIN MERYBETH NIETO

 

El control preventivo o sea previo antes que sea una ley de la república o en cuyo caso sea reformada la constitución tiene la finalidad de evitar que sea aprobado un proyecto que su fondo o su forma es inconstitucional en tal caso no podrá ser adoptada en nuestro sistema jurídico por violentar nuestra magna.

La inexequible significa no factible, no realizable desde el punto de vista constitucional. Pues, exequible, según el léxico es lo que se puede hacer, conseguir o llevar a cabo.

No podemos confundir la demanda de inconstitucionalidad con  la Objeción de inexequibilidad  este proceso solo podrá ser interpuesto, cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, puede interponer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda o acción de inconstitucionalidad contra una ley formal o contra cualquier acto emitido por Autoridad Pública. En cambio, la objeción de inexequibilidad, solo puede ser interpuesta por el Presidente de la República y únicamente contra un proyecto de ley formal, es decir, emitido por el Órgano Legislativo.  De ahí que dicha objeción no constituye en realidad una acción ni un recurso, y no engendra, en puridad de verdad,   un autentico proceso. Por tanto, la decisión de la Corte en estos casos, más que una sentencia es un dictamen, si bien vinculante u obligatorio para todos.

El Control normativo preventivo es de rango constitucional así fue consignado desde la Constitución de 1904 (art. 105) en la Constitución de 1941 consagrado en el (art. 97) la Constitución de 1946 lo mantiene en el (art. 131 y 167) el mismo precepto legal fue olvidado por los constituyentes de 1972 ya que, no fue hasta la reforma constitucional de 1978 que se restablece en la Constitución  en el (art. 183 numeral 6º) que le otorga el control preventivo al Órgano Ejecutivo. Este control preventivo es de carácter jurisdiccional no político.

Artículo 183: Son atribuciones que ejerce por si solo el Presidente de la República:

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6. Objetar los proyectos de leyes por considerarlos inconvenientes o inexequibles.

Como podemos acotar el control normativo preventivo de Estado es ejercido de manera casi exclusiva por el Presidente de la República en el caso de Panamá  puesto que es él legítimamente el único capaz de interponer una objeción de inexequibilidad; además que este control ejerce un papel protector en caso tal que ninguna ley o reforma constitucional sea contraria a la Constitución Política de la República de Panamá.

Se puede destacar que este control puede ser voluntario u obligatorio en el primer caso cuando Presidente objeta un proyecto por inconveniente que puede ser porque no es el momento adecuado para la existencia de dicha ley puede ser por causas económicas, sociales, entre otras;  y cuando sean proyectos de reformas constitucionales, los cuales no sanciona y estos casos es voluntario al momento de decidir enviarlo o no la Gaceta Oficial para su promulgación; en el segundo caso será obligatorio el control preventivo en caso que el Presidente objetaré el proyecto por inconstitucional en tal caso el Presidente estará obligado a mandar el mismo a la Corte Suprema de Justicia para que decida su exequibilidad o no; también será obligatorio en el caso que el órgano ejecutivo se le venzan los treinta días hábiles con los que cuenta para que apruebe o no el proyecto en tal caso sea inexequible o no o inconveniente el Presidente estará obligado a sancionar el proyecto y mandarlo a promulgar en Gaceta Oficial.

A tal caso se podría decir que la objeción de inexequibilidad o control previo de la constitucionalidad es un dictamen con fuerza de sentencia ya que, una vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia acerca de la objeción produce el efecto de cosa juzgada además que este es final porque no puede ser alegado el mismo caso nuevamente, es definitiva porque no cabe recurso alguno mas que la aclaración de la sentencia, y es obligatorio.

Una vez el Presidente objetase el proyecto por inexequible de manera parcial o total este será enviado de vuelta al Órgano Legislativo para que lo corrija o lo archive en el caso de que sea objetado de manera parcial será pasado al segundo debate en el pleno de la Asamblea y en caso que fuese objetado de forma total será adjudicado a el tercer debate también ante el pleno de la Asamblea, en caso tal, que dos tercios de los diputados decidirán por insistencia aprobar el proyecto sin hacer ninguna modificación al mismo este será enviado nuevamente al Órgano Ejecutivo y  el Presidente tendrá un plazo de seis días hábiles para que envié el proyecto ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (art. 2555 del código Judicial).

Algo muy importante y que los constituyentes no tomaron en cuenta fue adoptar las reformas constitucionales en nuestra constitución, solo está consagrado en el Código Judicial. En todo caso por su relevante importancia es necesario que la misma sea asignada al rango constitucional, y la objeción de inexequibilidad de reformas constitucionales deberá hacerlo el Presidente junto con el Ministro de Gobierno y Justicia para formar el Ejecutivo.

Artículo 2556: la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la exequibilidad de una reforma constitucional solo cuando el Órgano Ejecutivo la objetaré, después de haberla recibido para su promulgación y antes de está, por considerar que no se ha ajustado a lo establecido por la Constitución.

En Panamá ha sido objeto de objeción de inexequibilidad en diez ocasiones y todos los casos han sido admitidos por la Corte, en la práctica se considera que la objeción de inexequibilidad debe reunir los mismos requisitos que los de la demanda de incosntitucionalidad.

Los diez casos objetados por inexequibilidad en la República de Panamá son los siguientes:

1.      El 16 de diciembre de 1920 y se pronuncio mediante Acuerdo No. 38  (presidente Belisario Porras)

2.      El 14 de febrero de 1980  al objetarse el proyecto de ley No. 15 de 28 de agosto de 1979.

3.      El 27 de mayo de 1980 al objetarse el proyecto de ley No. 53 de 29 de noviembre de 1979.

4.      El 22 de marzo de 1991 al objetarse el proyecto de ley que regulaba la inmunidad parlamentaria.

5.      El 30 de julio de 1992, se objeta el proyecto de ley que adopta un seguro obligatorio para los deportistas que ingresan a la preselección y la selección Nacional.

6.      El 19 de mayo de 1994, al objetarse el proyecto de ley que modifica la ley 47 de 20 de noviembre de 1979.

7.      El 12 de agosto de 1994, al objetarse el proyecto de ley por al cual dicta medidas sobre la importación de productos agropecuarios .

8.      El 29 de febrero de 1996, por la cual se dictaban normas en materia de negociación y contratación en materia de empréstitos y deuda pública.

9.      El 17 de diciembre de 1992, en relación del proyecto ley de Colón-puerto libre.

10.   El 21 de noviembre de 1993, relacionado con el proyecto de ley donde se reconoce los bienes de Editora Panamá América S.A,

En nuestra historia los proyectos declarados inexequibles fueron: uno presentado por Belisario Porras, dos por Aristides Royo,  uno por Manuel Solis Palma que fue iniciado por Eric del Valle, y cuatro presentados por Guillermo Endara Galimany. 

A si mismo podemos destacar la participación del Procurador de la Nación o el de la Administración el que este en turno, y este dispondrá de diez días para emitir conceptos su opinión acerca de la objeción de inexequibilidad.

Artículo 2563: Una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, la consulta o una objeción de inexequibilidad, la corte dará traslado del asunto, por turno, al procurador General de la Nación o el de la Administración para que emita concepto, dentro de un término no mayor de diez días.

Este una vez el Procurador emita conceptos se fijara en lista y se publicara edicto para argumentar, este edicto será por un término de tres días en un periódico de circulación nacional, para que se den por enterados los terceros a interesados de manera directa o indirecta, y diez días contados a partir de su de la última publicación, para que presenten los argumentos de la Objeción se permite que sean presentados por el objetante o sea el Presidente o por cualquier interesado sin la necesidad que este tenga que demostrar su interés, este deberá constar por escrito. (Art. 2564 del Código Judicial).

Una vez es enviada la objeción de inexequibilidad a la Corte esta se asignará a un Magistrado Ponente por medio de un proceso de reparto y este dispondrá de diez días para formular un proyecto de decisión (Art. 2565 del Código Judicial), y luego se pasará por medio de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia  a los demás magistrados para que den lectura este será repartido en orden alfabético el siguiente al magistrado sustanciador  cada magistrado tendrá seis días hábiles para su lectura (art. 519 del Código Judicial), en el caso que un magistrado no esté de acuerdo podrá hacer observaciones las que tendrán que ser discutidas en el pleno de la Corte ya que la mayoría deben estar de acuerdo con el proyecto de decisión y si algún magistrado desiste de su voto dispondrá de cinco días para dar su opinión razonada con la obligación de firmar  la decisión o puede darse la figura de salvamento de voto o voto concurrente es cuando el magistrado está de acuerdo con la parte dispositiva pero no con la motiva de la decisión.

Por último cuando un proyecto es sometido a la objeción de inexequibilidad este no puede ser sometido a acción pública o sea que no se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad puesto que no se puede pronunciar nuevamente sobre el mismo asunto, en tal caso que el dictamen de la Corte a cerca de una objeción produce efecto de cosa juzgada en tal caso que si la Corte dice que es exequible ya no se podrá someter a ningún recurso no acción por lo mismo se publica en un  periódico y se permite que cualquier interesado argumente la objeción.

En fin soy de la opinión que debe ser creada una Sala Especial para resolver estos casos de  extremada importancia y trascendencia en nuestra vida jurídica y que es éste despacho solo sea exclusivo para resolver los recursos, objeciones a las que se refiere el Libro IV del Código Judicial ya que por los términos y la necesaria rapidez de este tipo de procesos muchas veces es imposible resolver en el término establecido y por el volumen de expedientes de cada uno de los Magistrados volviendo establecer la Sala Quinta para que se encarguen de dichas instituciones de garantía.

Referencias Bibliográficas:

Roy Antonio Arosemena, Guía de Jurisprudencia Constitucional, Editorial Manfer S.A., Edición 1983.

Edgardo Molino Mola, Jurisprudencia Constitucional, editorial Universal Books, Edición 2001.

 Roy Antonio Arosemena, Guía de Jurisprudencia Constitucional, Editorial Manfer S.A., Edición 1994.

 

 

 

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karina 07/24/2009 02:22

Se denota claramente las diferencias de la demanda de inconstitucionalidad y la objeción de inexequibilidad, ya que la demanda de inconstitucionalidad puede ser interpuesta por cualquier particular cuando considere que una norma, ley, entre otras este violando un artículo de la constitución, como es la carta magna debe ser respetada ya que es la principal, mientras que la objeción de inexequibilidad es interpuesta de manera única por el presidente de la república solo cuando se trate de una ley formal además se considera una atribución clara de este, si bien cierto el control normativo preventivo ejercido como una atribución por si solo el presidente de la república quien debe mandarlo a la corte suprema de justicia hablo de la objeción de inexequibilidad, en caso de no ser conveniente esa ley formal deberá ser sancionada y publicada en gaceta.

Karina Salazar
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